El secretario general nacional del partido COPEI y diputado a la Asamblea Nacional, Juan Carlos Alvarado, fijó posición este martes a favor de la propuesta de reforma parcial a la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Durante su alocución ante los medios de comunicación, el parlamentario mostró el oficio remitido por el Ejecutivo Nacional a la junta directiva del Parlamento e hizo un llamado a revisar el carácter punitivo de esta legislación, así como de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte), como un gesto de voluntad política orientado al reencuentro del país.

En este contexto, el dirigente opositor exhortó a la dirigencia política y a la ciudadanía a asumir el discurso público con estricta responsabilidad, frenando la difusión de desinformación en redes sociales. Alvarado cuestionó el uso recurrente de descalificativos sin sustento en plataformas digitales, enfatizando que si bien los artículos 57 y 58 de la Carta Magna garantizan la libertad de expresión, no amparan la manipulación ni el uso irresponsable de los medios de comunicación, por lo que instó a los actores políticos a conducir el debate con la verdad.

Por otra parte, el jefe político de la tolda verde abordó el panorama comicial e insistió en que el cronograma electoral debe responder de manera rigurosa a los lapsos fijados en el texto constitucional. En tal sentido, ratificó que las próximas elecciones correspondientes dentro del ordenamiento jurídico venezolano son las municipales y regionales, instando a los sectores radicales de la oposición a abandonar falsas expectativas sobre fechas imprevistas y a medirse con seriedad en las urnas cuando el Poder Electoral convoque el proceso.

Finalmente, Alvarado valoró de forma positiva la participación de la delegación venezolana, encabezada por la presidenta Delcy Rodríguez, en la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El vocero parlamentario afirmó que la presencia del país en la plenaria multilateral permitió romper bloqueos comunicacionales y estrechar lazos institucionales con diversos gobiernos, subrayando que, aunque las medidas de flexibilización representan un avance, se requiere el levantamiento definitivo de las sanciones para atender la recuperación del salario público, el fortalecimiento de los servicios y el reimpulso productivo nacional.