En el marco de un plan integral de refundación institucional, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó los principales avances en la transformación profunda del sistema de justicia y dio a conocer las instrucciones precisas impartidas a los cuerpos de seguridad del Estado para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y al debido proceso en todo el territorio nacional.

Durante su alocución, la Mandataria destacó el alcance participativo de este proceso e indicó que actualmente se encuentra en desarrollo una gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal, la cual busca escuchar a todos los sectores del país. Asimismo, precisó que esta iniciativa cuenta con la asistencia técnica de la Unión Europea y la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En materia de garantías constitucionales y actuación policial, la Jefa de Estado instruyó a los organismos de seguridad pública el estricto cumplimiento de la ley, enfatizando que «ninguna persona podrá ser detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito». Igualmente, detalló que, una vez promulgada la reforma de la Ley contra el Odio, el sistema de justicia deberá revisar de oficio los casos de las personas procesadas penalmente bajo dicho instrumento legal.

Por otra parte, la presidenta Rodríguez resaltó los avances de la tercera ronda de la Mesa de Diálogo Político celebrada en Caracas entre el Gobierno Nacional y representantes de la Asamblea Nacional de 2015, orientada a la paz ciudadana y la estabilidad institucional. Al respecto, reafirmó el compromiso electoral del país asegurando que «habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo».

La Jefa de Estado explicó que el trabajo de la mesa de negociación está enfocado en tres ejes estratégicos: la preparación de los venideros procesos electorales, la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la gestión de recursos para la atención socioeconómica post terremoto. Estos acuerdos buscan dinamizar la recuperación económica y social del país mientras se consolidan los canales democráticos.

Finalmente, la Mandataria ratificó el compromiso inquebrantable del Estado venezolano con la paz y las libertades públicas, señalando que la protesta pacífica constituye un derecho constitucional pleno, cuyo ejercicio debe realizarse en un marco de respeto mutuo que resguarde la integridad física y moral de los funcionarios de seguridad encargados del orden público.