Higuerote.— Estudiantes y egresados de los programas de formación de la Misión Sucre en diversas localidades del estado Miranda denunciaron la grave paralización administrativa que les impide obtener sus títulos de Técnicos Superiores Universitarios y licenciaturas desde el año 2015. Lo que fue presentado como un proyecto de inclusión y superación académica se ha transformado en un calvario de incertidumbre y desorganización para más de 200 cursantes, de los cuales un número significativo ha tenido que emigrar del país sin la debida certificación de sus estudios.

La principal exigencia del colectivo afectado está dirigida a las autoridades de la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento «Argelia Laya» (UPTBAL), institución rectora que funciona en Higuerote. Los estudiantes señalaron directamente a la rectora de esta casa de estudios, Isabel María Gutiérrez, por no ofrecer respuestas ni explicaciones claras sobre el procesamiento de los expedientes. Cuestionaron además que, mientras un grupo considerable permanece en el limbo institucional, otros profesionales sí han recibido sus títulos, lo que evidencia un manejo discrecional y un desorden administrativo sistemático dentro de la institución.

Los denunciantes advierten que el condicionamiento universitario bajo el que operó la Misión Sucre nunca esclareció las fases administrativas ni los protocolos de egreso, dejando desprotegidos a quienes confiaron en esta modalidad de educación superior. Esta falta de planificación formal no solo despoja a los profesionales de sus espacios de validación académica, sino que invalida el esfuerzo de más de una década de preparación teórica y comunitaria en la región barloventeña.

Ante el silencio institucional en el ámbito regional, los perjudicados hicieron un llamado urgente a la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, para que intervenga de manera inmediata y supervise el estatus real de los expedientes represados. Exigieron que la cartera ministerial abra una investigación sobre los procesos de egreso de la UPTBAL y dicte un plan de contingencia que permita agilizar la entrega de las credenciales universitarias acumuladas desde hace más de diez años.

Finalmente, los egresados recalcaron que esta situación representa una burla formal hacia la juventud y la fuerza trabajadora del estado Miranda, que dedicó años de estudio bajo la promesa de una titulación formal. Reiteraron que continuarán elevando su voz de protesta y exigiendo soluciones definitivas, pues no descansarán hasta que las autoridades asuman sus responsabilidades y otorguen los títulos correspondientes a cada uno de los profesionales afectados.